sábado, 24 de julio de 2010


AMBIENTE ENRARECIDO

Por: Pedro Francke

¿Cómo responde Barack Obama ante el derrame de petróleo en el golfo de México? Exige a la empresa BP poner 20 mil millones de dólares para la limpieza y suspende las exploraciones en la costa de Florida.

¿Cómo responde Alan García ante el derrame de petróleo en el río Marañón? Expulsa al hermano de Paul Mc Auley –defensor del ambiente y los pueblos indígenas-, amenaza a otros y pone un spot televisivo atacando a los ambientalistas.

Parece increíble. Expulsan a uno de los pocos ambientalistas en el peor momento del medio ambiente peruano.

Porque a los 400 barriles vertidos por Pluspetrol al río Marañón, se suma el vertimiento de 500 toneladas de relaves de la Compañía Minera Condestable hacia los ríos Totora y Opamayo, en Huancavelica.

No solo se trata de dejadez, falta de eficiencia o burócratas lentos. Los problemas de la presa de relaves de la empresa Condestable habían sido advertidos por los supervisores. La empresa de Pluspetrol ya ha tenido observaciones por la contaminación del río Corrientes desde años atrás. Falta voluntad política. Las empresas se ríen de multas irrisorias, fácilmente apelables, que les aplican a la muerte de un obispo.

Además, el gobierno alanista ha actuado activamente en contra del ambiente:
Ha firmado un acuerdo con Brasil para que se desarrollen las centrales hidroeléctricas de Inambari y otras 13, con el fin de exportar energía a ese país, pero, a pesar de que esas centrales tendrían fuertes impactos ambientales y sociales, el acuerdo no establece ninguna protección al respecto.

En relación a Doe Run y La Oroya, ni el dialogo ni las alternativas que viene preparando el gobierno priorizan las inversiones necesarias para que cese la contaminación y se limpie el ambiente.

Sin respetar la palabra dada por Velásquez Quesquén, se insiste en apoyar el proyecto Tía María que carece de estudios ambientales completos y que afectaría el agua y la agricultura del Valle de Tambo. Similares problemas suceden con proyectos como La Zanja y Conga, en Cajamarca.
Observa el proyecto de ley consulta a los pueblos indígenas, derecho establecido en el convenio 169 de la OIT y que se ha constituido en uno de los pilares de la defensa de nuestro ambiente. Tampoco hace caso a los reclamos del pueblo matsés en rechazo a la actividad petrolera en sus territorios (provincia de Requena, región Loreto).

Presenta una nueva propuesta de Ley Forestal y Fauna Silvestre que insiste en cambiar para uso agrícola las tierras forestales, poniendo en riesgo 45 millones de hectáreas de bosques.
Esta es la reciente. Los problemas acumulados y que se han dejado de crecer son, desde luego, mucho mayores: el mercurio en los ríos de Madre de Dios y los daños causados por lña minería informal, los desagües sin tratar de la mayor parte de ciudades del país, el aire limeño cargado de partículas emitidas por carros japoneses de segunda, las concesiones petroleras a lo largo de toda la costa sin estudios ambientales serios, el agotamiento del agua subterránea en Ica y otros valles costeños, las concesiones sin control a empresas mineras y petroleras, el ingreso de semillas transgénicas, el desconocimiento de nuestra biodiversidad.

La fiscalización ambiental está por pasar de Osinergmin a un organismo autónomo del Ministerio de Ambiente, la OEFA, pero sin plata, ni personal ni nada.

La gran iniciativa ambiental de gobierno es perseguir a los ambientalistas. No es la primera vez, como muestran los audios de BTR con el chuponeo contra Marco Arana. ¿Tendrá el ministro Brack sangre en la cara como para renunciar esta vez? Parece que no, no le queda ninguna. La única sangre que se le podría atribuir es la de Bagua.

Nuestro ambiente nada puede esperar del gobierno alanista. Quien nos gobierne el próximo quinquenio tendré que tomarse el tema ambiental en serio. Por el daño acumulado y su veloz incremento, necesitará un plan de emergencia.

Algunos puntos urgentes: fiscalización estricta con un ministerio del ambiente que cumpla su función, proteja el ambiente y haga que los contaminadores paguen por los daños que causan; moratoria de las concesiones mineras y petroleras; protección de los bosques; consulta previa a los pueblos antes de cualquier explotación de sus recursos; respeto a los derechos y apoyo a los defensores del ambiente; revisión del convenio energético con Brasil; y enfrentar el problema de La Oroya y otros con la firmeza que debiera tener un gobierno no contaminado por la corrupción.





De: “Hildebrand en sus trece”, viernes 9 de julio del 2010. Año 1; Nº 12



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