Los problemas del gas de Camisea y el paso del ducto por el Santuario Nacional Megantoni han tenido que esperar esta que estalle el conflicto en la provincia de la convención para encontrar, paradójicamente, su propia solución. Muy pocos imaginamos que el ejecutivo haya decidido renegociar el contrato del lote 88 para destinar sus reservas al mercado interno desestimar el paso del ducto en el Santuario Nacional Megantoni por carecer de licencia social, sin que hayan sucedido las protestas en la Convención.
Esta es una práctica que se vuelve repetir y encierra mucha de la lógica de lo sucedido en Bagua. No logramos entender, a partir de esta lamentable experiencia, que no podemos esperar hasta que el conflicto asuma su máxima expresión para solucionarlo, especialmente cuando muchos de ellos encierran un reclamo legítimo como es el caso de Camisea.
Así pues, a seis años de su puesta en operación comercial, tan solo 30 mil hogares en Lima y el Callao tienen acceso al gas; ni qué decir sobre el Cusco, que a pesar de ser el lugar de donde se ubican los yacimientos de Camisea, los pobladores tienen que pagar hasta el doble por el gas que consumen.
La población de Anco, en Ayacucho, ubicada muy cerca al ducto de TGP de Camisea, continúan usando leña para la preparación de sus alimentos, cuando muy bien podría utilizar el gas para ello. Esta lamentable realidad, se da en todo Ayacucho, donde el 44.3% de la población sigue utilizando la leña como principal recurso energético, con impactos negativos sobre la salud de las personas.
Como se puede deducir a grandes rasgos, sólo en el aspecto social, existen razones más justificadas que sustenta el reclamo de la población.
Sin embargo, nos preguntamos una y otra vez, ¿Tenemos que esperar a una declaratoria de emergencia o la intervención de las fuerzas del orden para prestar atención a estos conflictos?
Esperemos que, por lo menos, a partir de esta experiencia se pueda evidenciar la necesidad de poner en práctica los mecanismos formales que la democracia nos ofrece para solucionar los conflictos.
Es francamente absurdo que la renegociación del contrato no se haya dado en virtud de las inconsistencias técnico legales de sus cláusulas, sino en virtud de un paro ciudadano.
